El Gobierno ha aprobado la actualización del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), normativa que fija las exigencias de eficiencia energética e higiene que deben cumplir las instalaciones térmicas en los edificios, así como la calidad del aire interior.
Esta modificación del Real Decreto ayudará a lograr los objetivos para la transición ecológica de 2030, en concreto, el objetivo de mejora de la eficiencia energética a través de la reducción del consumo de energía primaria y de energía final en 36.809,3 toneladas equivalentes de petróleo.
Aunque la norma seguirá recogiendo los requisitos que deben cumplir las instalaciones térmicas bajo el principio de neutralidad tecnológica, sin obligar al uso de una determinada técnica o material, ni evitar la introducción de nuevas tecnologías y conceptos en cuanto al diseño, será imprescindible justificar a partir de ahora la instalación de sistemas térmicos convencionales en lugar de otros sistemas más eficientes y sostenibles como la bomba de calor.
En este sentido, el RITE incorpora parcialmente las Directivas europeas 2018/844 y 2018/2002 e introduce varias modificaciones en la normativa para la instalación de sistemas térmicos, que deberán incluir formas que permitan la recuperación energética y la utilización de energías renovables y residuales. En definitiva, se pretende homogeneizar la eficiencia energética.
La normativa incluye ahora la incorporación de energías renovables en los edificios que vayan a ser reformados, de tal forma que se sustituyan los equipos fósiles en las áreas a reformar, así como para las instalaciones técnicas cuando sean instaladas, sustituidas o mejoradas.
La actualización del RITE obliga a los edificios de uso administrativo o comericial de más de 1.000 metros cuadrados a informar a los clientes o usuarios sobre el consumo de energia de los edificios así como de su origen, favoreciendo que usuarios y propietarios puedan optar por soluciones más eficientes.
Al mismo tiempo, la nueva norma introduce la digitalización en los hoteles, centros comerciales o edificios de oficinas cuyo consumo de climatización sea superior a 290 kW y obliga a que estas construcciones den el primer paso para convertirse en edificios inteligentes -smart buildings- que contribuyan a la disminución del consumo y de la emisión de gases de efecto invernadero.
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